La educación inclusiva como derecho fundamental

La educación inclusiva ha sido reconocida internacionalmente como un derecho humano fundamental para todos, sin excepción. Este reconocimiento internacional busca hacer frente a la dramática desigualdad de las sociedades actuales, ya que el disfrute del derecho a la educación de muchas personas desfavorecidas depende de que ésta sea inclusiva. El reconocimiento y disfrute de este derecho requiere un análisis detallado del significado y alcance de la educación inclusiva, así como de las barreras y los principales desafíos que enfrenta.

La consideración de la educación inclusiva como un derecho, con sus implicaciones morales y jurídicas, se ha logrado en gran medida gracias al impacto político de diversos movimientos asociativos de personas con (dis)capacidad. Paradójicamente, muchos estudiantes con discapacidad continúan siendo sistemáticamente segregados en escuelas y aulas especiales, lo que viola su derecho a la educación inclusiva. Por lo tanto, hay mucho que aprender de esta contradicción. También queda mucho por hacer para garantizar la igualdad en dignidad y derechos de las personas que experimentan exclusión y segregación asociadas al género, la clase social, la orientación sexual, la nacionalidad, el origen étnico, las capacidades, etc.

Para ello, es importante delimitar conceptualmente la domesticación neoliberal de un término profundamente transformador. Es necesario comprender la evolución histórica hasta el reconocimiento de la educación inclusiva como un derecho humano. También es necesario considerar la solidez de la evidencia científica que la sustenta para contrarrestar ciertos puntos de vista que cuestionan su pertinencia, a pesar de haber sido refutados rotundamente. Desenredar estos nudos permite un análisis más situado y realista para abordar algunos problemas en la implementación de la educación inclusiva. Este es un esfuerzo social y político que debe romper con la lógica mercantilista de los sistemas educativos. Se trata de aceptar que es un derecho fundamental a garantizar a través de la responsabilidad colectiva.